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13/12/2016   4:40:15 PM

Comunicado de Prensa - Información General
Rechazan una propuesta para que funcionarios puedan ejercer el corretaje inmobiliario

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos expresó su rechazo al proyecto de modificación de la ley 9739, que regula la profesión, ya que permitiría “indiscriminadamente” que cualquier funcionario público pueda ejercer la profesión de corredor inmobiliario en Entre Ríos.

El proyecto en cuestión, y que tiene media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia, modifica el artículo 6 de la Ley 9739 y, si bien prohíbe el ejercicio del corretaje inmobiliario a legisladores nacionales, provinciales y municipales durante el ejercicio de sus mandatos, habilita directamente a cualquier empleado o funcionario de la administración pública a ejercer la profesión de corredor inmobiliario, y esto incluye a funcionarios de las administraciones tributarias, de las direcciones de catastro, de tribunales de tasaciones, del tribunal de cuentas, de organismos de control y decisión sobre los inmuebles del estado o con conocimientos de hechos trascedentes sobre inmuebles y “los coloca en una situación de privilegio por sobre los demás corredores inmobiliarios creando una notoria desigualdad sobre el resto”.
En la ley vigente, están inhabilitados a ejercer como corredor inmobiliario los legisladores nacionales, provinciales y municipales, los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal y de los entes descentralizados.

Proyecto con nombre y apellido.-
La expresión del Colegio fue hecha llegar mediante una carta cursada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y surgió de una Asamblea Extraordinaria de Matriculados del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, donde se realizó la correspondiente votación.
“Este proyecto de ley que indudablemente tiene nombre y apellido y que va más allá de las prohibiciones especificas de la ley nacional 25028 (de creación de la carrera universitaria de corredor inmobiliario) –señala el texto de los profesionales inmobiliario- … lo único que generará es un gran disgusto en los representados y la necesidad de este Colegio de atacar la misma (la modificación) por vía judicial”.
“De lo que se trata es precisamente –consigna la nota- de asegurar esta profesión de orden público, en el marco de igualdad de oportunidades y reserva que la misma requiere, va de suyo que no todos los empleados y funcionarios públicos están habilitados para ejercerla ni todos los empleados y funcionarios públicos están imposibilitados para llevarla a cabo, la cuestión pasa por una directriz que además de proteger el orden público, respete los derechos y garantías constitucionales de todos”. Y agrega: “va de suyo que a ningún empleado público que esté vinculado con la gestión y/o administración de inmuebles podrá tener permitido el ejercicio de la profesión, pues goza de una serie de conocimientos por el ejercicio de la función pública que el resto de los profesionales no tiene”.
También añade que la oposición institucional “incluye además el proyecto de ley de la Diputada Provincial por el Departamento La Paz Maria Alejandra Viola el cual sabemos está destinado a satisfacer los intereses de tres funcionarios provinciales, dos de los cuales se desempeñan en ATER y el tercero es un Concejal Electo y en funciones”.

La propuesta del Colegio.-
Luego de su Asamblea general Extraordinaria, el Colegio propone que la limitación debe hacerse de la siguiente forma “Los legisladores nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial y Municipal, y de los entes descentralizados, incluyendo aquellos que accedan por cargos públicos electivos, estos mientras duren en su función y un año después y aquellos empleados y/o contratados mediante cualquier tipo de locación, que por ese empleo o locación, tengan acceso a datos clasificados inaccesibles para el resto de los profesionales, o que pudiere ejercer influencia y/o cualquier otra circunstancia que los coloque en una situación de privilegio y/o incompatibilidad notoria con la Profesión de Corredor Publico Inmobiliario”.
“Es la única posible si se desean respetar los derechos y garantías constitucionales involucrados”, expresa la nota dirigida a los legisladores entrerrianos.-

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